(Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado)

Tras la última redacción de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, introducida por la reciente Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, publicada en el BOE nº 180, de 29 de julio; y según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, Publicado en BOE núm. 247 de 15 de Octubre de 2015, se establece la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que tendrán la obligación de acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, mediante el correspondiente certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, todas las personas que pretendan ejercer o ejerzan las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.

Artículo 12 Actuaciones de protección (Artículo 13.5 Ley 1/1996)
Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»

A modo de sugerencia, y dado que el certificado es gratuito y más o menos ágil su obtención, desde B&B Sport and Law sugerimos a todos los clubes, federaciones y demás entidades deportivas, que olviden el término habitual a la hora de requerir el certificado y tengan por norma general el solicitarlo a todas aquellas personas que tengan contacto con menores o puedan tenerlo. Y es que, si está al alcance de nuestra mano evitar una situación de riesgo con un mero certificado, es “nuestra obligación” cumplir dicho trámite y poner todas las protecciones necesarias en el campo de los menores.

Conviene igualmente destacar que de acuerdo con la nueva redacción dada al apartado 1 y el nuevo apartado 4 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996:
«1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»
«4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.»

Han sido numerosas las críticas, desde el desconocimiento, que indicaban que si lo que pretendía el legislador en última instancia es proteger a los menores y evitar el contacto de éstos con “depredadores sexuales”, se hubiese podido ir “más allá” y partiendo de la base del derecho a la reinserción y a una segunda oportunidad, se podría haber limitado ésta al trabajo o contacto habitual con menores. Así se sugería, si se podría permitir la cancelación de antecedentes penales pero no la cancelación en el Registro de Delincuentes Sexuales.
Pues bien, si las víctimas del delito fueran menores, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia prevé un período de vigencia de los antecedentes específicos, es decir, se establece la inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales durante treinta años, a contar, como en los demás delitos, desde la fecha de cumplimiento de la condena. Por lo tanto, aquellos que hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores podrán obtener un certificado negativo de antecedentes penales en los mismos plazos que los demás penados a efectos de la apreciación de reincidencia o de empleo en trabajos de distintos tipos, pero no el certificado del Registro de Delincuentes Sexuales por lo que no podrán trabajar con niños hasta 30 años después del cumplimiento de la pena.
Desde nuestro punto de vista y entrando claramente en un debate jurídico-moral en el que colisionan los derechos de los menores con la reinserción social del delincuente sexual, entendemos que esta disposición, que a primera impresión podría considerarse que se opone a los principios de proporcionalidad o reinserción, es totalmente necesaria para cumplir los fines de protección de la infancia y la adolescencia que persigue la nueva normativa y es un claro ejemplo de los pasos que se deben seguir para alcanzar el modelo social que pretendemos.

• Por su parte, en relación al voluntariado, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, además del artículo 8.4 donde reproduce el requisito para voluntarios que están en contacto permanente con menores:

TÍTULO II
De los voluntarios

Artículo 8 De los voluntarios

4. Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos.
Introduce el artículo 8.5, como nuevo requisito para voluntarios en sentido general:
No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos.

Así, como nuevo requisito para los voluntarios nos encontramos con que se solicita una declaración responsable del propio voluntario en la que se manifieste carecer de antecedentes penales por los delitos señalados en el artículo 8.5.

En cuanto al propio Registro Central de Delincuentes Sexuales hay que destacar que es un registro que se integra en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, en el que se incluyen los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía, con independencia de la edad de la víctima.
El Registro se alimenta de la información existente en el Registro Central de Penados y en el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, por lo que los órganos judiciales no tienen que realizar ninguna inscripción añadida.
La certificación es gratuita y el certificado que se expide permite acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos.